Daisy Shion Sandoval paga un seguro facultativo al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y está afiliada al hospital privado Antonio Román Matus In Memoriam (Harmim) en Jinotepe. El lunes 17 de octubre recibió una carta sin sello ni firma, en la que la institución aseguradora le indica que deberá hacer uso de Servicios Médicos Especializados (Sermesa).
“Yo estoy muy contenta con este hospital (Harmim), muy satisfecha con el servicio que me dan, entonces ¿por qué razón me quieren mandar a otro lado? Ellos (el INSS) me enviaron una carta donde me dicen que el primero de noviembre seré trasladada a otra clínica, pero yo no me quiero ir de aquí”, expresó.
Relató que lleva aproximadamente cuatro años de estar cotizando y que en el hospital donde la atienden tiene unas citas muy importantes y que no quiere empezar de cero en otro centro asistencial.
A don Duilio Gómez, otro asegurado que recibe atención médica en el Harmim, también le llegó la misma notificación. “Esta carta me llegó hace días a la casa, yo me manejo trabajando, pero me dicen que yo el primero de noviembre tengo que asistir a la empresa médica de Carazo, Sermesa, y yo no estoy de acuerdo, porque aquí en el Harmim llevan todo mi expediente y mi control médico”.
Señaló que paga un seguro facultativo al INSS y que para cambiarlo de empresa médica tuvieron que haberle consultado antes. “No van a hacer lo que ellos quieran, me están violentando mis derechos, ellos no son clientes míos, yo soy cliente de ellos, porque yo en cualquier momento puedo decir que ya no quiero seguir pagando”.
Ernesto Javier Selva, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Textilera, comentó que muchos de ellos han recibido la misma carta. “Hemos recibido notificación alrededor de unas 360 personas… uno es libre de afiliarse a la empresa que uno quiera y nosotros queremos seguir en el Harmim”, indicó.
Jorge Isaac Jarquín Gago, gerente general del Harmim, comentó que han tenido una significativa baja en sus afiliados.
Señaló que fueron sorprendidos por las notificaciones del INSS y que no los tomaron en cuenta a pesar de que existe un contrato entre ellos por dos años.
Adujo que si sus afiliados se siguen yendo, estarían obligados a cerrar la empresa y dejar en el desempleo a 110 personas.
“Ese 20 por ciento que nos quitaron, pues nos perjudicaría tanto, porque podríamos quebrar, somos un hospital pequeño y hemos venido creciendo… nadie nos regaló, ha sido bien difícil”, narró Jarquín.
LA PRENSA buscó la versión de Concepción González, delegada del INSS en el departamento, pero a través de su secretaria mandó a decir que en la sede central, Managua, podían brindar información.
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